Ilustración, fiesta y religiosidad indígena-mestiza

Apuntes sobre las reformas de Francisco de Viedma en Cochabamba, 1784-1809

Alber Quispe Escobar*


Desde que logró (a "España unir á sus dominio el vasto, fértil y riquísimo reino del Perú, siempre ha sido tí objeto del infatigable celo de los Reyes y sus Ministros, el conservar inviolados sus fieles vasallos, y mejorar la disposición de las almas idólatras, para atraerlas á nuestra sagrada Religión.Francisco de Viedma [1784] 1836, 2

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Aunque desde muy temprano la evangelización acompañó a la empresa de la conquista, siendo la difusión de la fe cristiana de constante preocupación e interés de la Corona en su acción colonizadora (Bravo 1990), sólo a partir de las reformas borbónicas de mediados del siglo XVIII se desarrolló en América un proceso de reforma eclesiástica gestado y regulado desde el Estado. En este sentido, Serge Gruzinski (1985) ha argumentado que si bien hasta lo espiritual dependía del rey en tanto patrono de la Iglesia, nunca antes de las reformas las autoridades civiles habían intervenido con tanta decisión en ámbitos que anteriormente sólo competían a la clerecía. Se trataría, en consecuencia, de una "segunda aculturación" que a diferencia del primer ciclo evangelizador que fue impulsado por los eclesiásticos, empezó a ser inducido por el Estado borbónico.
A partir de las reformas borbónicas, de hecho, la monarquía ilustrada de los Borbones buscó reducir el papel de la Iglesia en América o, como señala Luque (2001), trató de hacer de la Iglesia americana uno de los pilares de la política colonial. A la par que la victoria de las políticas regalistas significó el sometimiento del clero al monarca español (Guerra 1993, 77), emergió un proyecto de ilustración católica fundado en una reforma eclesiástica que proponía una teología más racional que hizo eco en algunas autoridades eclesiásticas de América. Buena parte de las transformaciones en el ámbito religioso y festivo vino de la mano del sistema de intendentes que concentró un poder casi ilimitado en las provincias sólo superado por la autoridad del virrey en América y el rey en España.

En Cochabamba este proyecto estuvo sustentado en la figura administrativa del gobernador intendente Francisco de Viedma y Narváez cuya perspectiva ilustrada moldearía la reforma de distintos ámbitos tal como puede notarse en su proyecto de gobierno, que fue expuesto fundamentalmente en su Descripción geográfica y

estadística ... de 1793. Sugiero, como punto de partida, que esta autoridad española vio como un espacio fundamental de sus reformas el campo de la religiosidad y espacio festivo indígena-mestizo, para proyectar algunas de sus ideas ilustradas de gobierno. Así, según la propia percepción que Viedma emitiera en 1784 y que sirve de epígrafe en este escrito, la problemática religiosa ocupará un lugar central en su rol como autoridad civil. Sin embargo, aunque el asunto de las idolatrías (Viedma habla de "almas idólatras") desde hacía tiempo era considerado por las autoridades eclesiásticas como un tema resuelto, a fines del siglo XVIII se pone en debate el carácter de las prácticas religiosas indígena-mestizas y la labor evangelizadora del clero en este distrito de la antigua Charcas. Aquí Viedma hará prevalecer, a pesar de las adversidades, su amplia autoridad aún en un marco de ambigüedad.
En suma, este ejercicio, con todas sus inconsistencias, debe entenderse como parte de una problemática más amplia sobre la ilustración, las reformas borbónicas y la cuestión religiosa en los Andes del siglo XVIII.

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La designación de Francisco de Viedma como gobernador intendente de la provincia de Santa Cruz de la Sierra, cuya capital administrativa fue Cochabamba, formó parte del nuevo proyecto que el Estado borbónico implantó en América a partir del sistema de intendentes puesto en marcha en el virreinato del Río de la Plata en 1782 con la Real Ordenanza de Intendentes. Al igual que en el caso mexicano, en este virreinato dicha ordenanza terminó subordinando la política eclesiástica a los proyectos de los ministros ilustrados que defendieron más los argumentos de razón y no tanto de fe en sus objetivos (Mazín 1998, 73). Entre las atribuciones en las cuatro ramas de gobierno (justicia, policía, hacienda y guerra) conferidas a estas autoridades, una de las principales facultades de los gobernadores intendentes era el cuidado y vigilancia del buen trato a los indígenas, no sólo en el aspecto temporal sino también en lo espiritual. Las primeras preocupaciones de estas autoridades civiles, de hecho, estaban encaminadas a ver su adoctrinamiento o cristianización (Navarro y Ruigómez 1993, 224).

Viedma era un oficial (marino) ilustrado del ejército español que llegó a Cochabamba en agosto de 1784 después de desempeñarse como superintendente del establecimiento de Río Negro en la costa patagónica cuya vigilancia, dicho sea de paso, fue decisiva a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX ante la creciente presencia inglesa (Senatora 2007, 37-38). Como otros ilustrados enviados a América, Viedma sentía el apremio de corregir diversos males o carencias de los que padecía la provincia puesta bajo su mando. A casi dos siglos desde que los españoles se asentaran en los valles de Cochabamba, la situación de este distrito rico en producción cerealera que abastecía a los mercados mineros de Potosí (Larson 1992) se encontraba en relativa languidez y la administración de los tributos y la mita minera indígenas escapaban del control del Estado colonial debido al amplio proceso de mestizaje cultural.

Aunque hay mucho que decir del proyecto de gobierno que Viedma expuso a la Corona en su Descripción geográfica y estadística ... de 1793, se puede asumir que su "mentalidad política" estuvo fundada en "los ideales teóricos de la ilustración" que conciben que "la libertad individual emana de la racionalidad humana" y que su visión económica estuvo influida por varias corrientes económicas europeas prevalecientes en ese momento histórico (Gordillo 1997, 63). Con estos ideales, desde su llegada a Cochabamba en 1784 hasta 1809 cuando acaeció su muerte, Francisco de Viedma se propuso, y en gran medida logró, su cometido: reformar distintos aspectos que él identificó como adversos al progreso de la región. Su constante preocupación por la reforma tributaria tuvo éxito con el incremento de las recaudaciones aunque sus proyectos para ampliar la agricultura de los valles hacia el oriente no prosperaron (Gordillo 1997). El comercio y las manufacturas tuvieron también, aunque en menor medida, la atención de Viedma. No descuidó el espacio urbano para cuya reorganización dispuso significativas medidas respecto al ancho, uniformidad y empedrado de las calles y plaza central, la división de la ciudad en cuarteles, el mejoramiento del precario sistema de recojo de basura, la refacción de edificios administrativos, entre muchas otras tareas (Cossio 1969). No menos importante fue su actuación en el sistema de justicia en el cual tenía amplia competencia que muchas veces ejerció de forma arbitraria (Enciso 2007). De estas reformas formó parte el sistema ¡penitenciario con la creación de un "presidio" para reos en la finca Chuquioma (partido de Mizque) que se constituyó en una propuesta novedosa en toda Charcas (Mariluz 1962).

A la par de las facultades en materia de Justicia, Policía, Hacienda y Guerra con las que fue revestido el gobernador intendente Viedma, sus intenciones reformistas se reprodujeron con fuerza en el ámbito de las creencias y costumbres. A medida que se fue introduciendo en la administración de la provincia, encontró un mundo festivo y religioso abultadísimo, no siempre subordinado al "bien público", al "recto orden del estado" y a las bases morales del cristianismo. Sus mayores preocupaciones y animadversiones estuvieron enfocadas principalmente, aunque no de forma exclusiva, en las celebraciones religiosas protagonizadas por indios y cholos. Desde su percepción ilustrada, vio con pesar que a título de la celebración de festividades religiosas se ponían en práctica ceremonias y ritos indígenas antiguos muchas veces con la complicidad de los mismos curas a quienes Viedma fustigó constantemente. También pudo percibir y denunciar la existencia de un ciclo de fiestas basado en fundamentos coercitivos a través del sistema de alferazgos de los cuales obtenían, en su visión, amplias ventajas económicas algunos curas, amén de otros males que se propuso cambiar.4

A fines del siglo XVIII este tipo de religiosidad en Cochabamba presentaba un cuadro complejo y parcialmente sincrético a partir de la tensa coexistencia de elementos andinos y cristianos producto, sin duda, del proceso que despuntara con la evangelización en los Andes al comenzar la Conquista. A esas alturas, las variadas formas en las que se yuxtaponían ritos andinos y cristianos daban cuenta de una tensa convergencia donde las prácticas andinas no terminaban de ajustarse a la doctrina cristiana a pesar del conflictivo y ambivalente proceso de cristianización. Este esquema se reproducía en una nutrida red de fiestas patronales, cofradieras y advocaciones mañanas en las que la participación indígena-mestiza fue determinante (Quispe 2009).

En otra oportunidad señalé, al margen de este fenómeno, la poca efectividad del clero en las tareas de evangelización (más adelante veremos algunas aristas de este asunto). Cabe recalcar aquí que las políticas reformistas de Viedma atacaron precisamente esta compleja mezcla de tradiciones religiosas que llevaban, en su visión, a constantes irreverencias y prácticas indeseadas. Probablemente, como ha planteado Gruzinski (1985) para el caso mexicano, le interesaba más al poder civil ilustrado atacar esta configuración indígena colonial (esto es, la mezcla confusa de lo indígena con lo católico) que la herencia indígena o amerindia.

Así que el mundo festivo y religioso que conoce Viedma en sus años de funcionario de la Corona española se presenta como un escenario preciso, que requiere de urgentes reformas, que Viedma emprende guiado, además del sustento legal con el que cuenta, por nuevas ideas que como español ilustrado posee y defiende.5 En este escenario, en su abultado calendario administrativo, no descuidó esta faceta de la vida cotidiana y festiva tanto en la Villa y sus alrededores como en los distritos dispersos en toda la provincia. A lo largo de su gobierno, para esta tarea, contó con la colaboración de subdelegados y algunos curas cercanos a él que le informaban de los pormenores festivos y sus "corrupciones".

En términos generales, Viedma arremetió principalmente contra dos aspectos que estructuraban estas celebraciones religiosas coloniales, a saber: el consumo de chicha y el sistema de alferazgos. De ambos elementos el más perjudicial en la visión de este ilustrado español era el consumo de chicha que, decía, era la causa del "desorden público" y la "haraganería". El consumo de chicha, efectuado en los valles de Cochabamba desde tiempos preincaicos (Anderson 2008), era el elemento articulador del ciclo festivo local y aún de la vida cotidiana. Pudo comprobar Viedma que en la elaboración de chicha se consumían "en sólo el distrito del antiguo corregimiento de esta ciudad más de 200.000 fanegadas de maíz anualmente" (Viedma [1793] 1969, 47) de los cuales un importante porcentaje debió ser usado en el ámbito religioso con fines rituales.6 Según sus apreciaciones, el excesivo consumo de chicha estaba íntimamente articulado al sistema de fiestas locales de la mano del régimen de alferazgos:
Luego que salen de la función de iglesia, se junta la mayor parte del pueblo en la casa del alférez, y allí es el teatro de la embriaguez y obsenidades; no hay otra diversión ni festejo que el de la chicha, mientras dura el mucho repuesto que de este asqueroso brebaje tiene dispuesto. Permanece la embriaguez sea cuatro, ocho o quince días, en ellos, a más de las graves ofensas a Dios, se abandona el trabajo, se arraiga más y más la haraganería, pues como quedan desfallecidos de semejante tanda, necesitan de algún tiempo para reponerse (Viedma, [1793] 1969, 173).

De la "mucha pasión o vicio por la chicha" que observó a lo largo de su mandato, el gobernador intendente siempre tuvo un juicio negativo que le llevó a calificar a la chicha como "asqueroso brebaje" a pesar de que proyectó aplicar un impuesto a su fabricación con el propósito de financiar un sector manufacturero centralizado en el Estado. Aquí, como ocurrió con el tema de la mita minera (Gordillo 1997), el pensamiento ilustrado de Viedma entra en contradicción con su rol de administrador pues mientras por un lado desea suprimir el consumo de chicha, por otro está consciente de la importancia económica que ésta tiene en la región y que puede traer beneficios para las arcas del Estado al que representa.

Además del excesivo consumo de chicha en el ciclo festivo local, el ilustrado español desaprobó el extendido sistema de alferazgos que se ejercían ampliamente en los curatos dé Cochabamba y que, en rigor, eran la base de las festividades religiosas. El gobernador intendente expuso sus argumentos en contra de los alferazgos en su conocido informe de 1793 elevado al virrey del Río de la Plata, Nicolás de Arredondo. En él se queja Viedma de lo común que resultaba este sistema de cargos festivos cuyo resultado, en su perspectiva, no era otro que la embriaguez prolongada por varias jomadas y que sustentaba la "haraganería". La sujeción a los alferazgos no solamente estaba destinada para los indios sino también para los más acomodados cholos y mestizos, registrados éstos en los alferazgos de españoles. Viedma se queja de que el funcionamiento del conocido sistema de alferazgos que regía en los curatos "a título de solemnizar el culto divino con la celebridad de las festividades destinadas a ello" causaba "cada un año la destrucción de aquel que se le grave con esta carga, y se da margen al desorden" ([1793] 1969, 173).

Quizá la intervención más emblemática de Viedma en la supresión de este tipo de religiosidad festiva se expresó en la fiesta de San Andrés. A cuatro meses de su arribo a Cochabamba, el gobernador intendente vio, con mucho pesar y espanto, que en ocasión de la fiesta cristiana de San Andrés celebrada cada 30 de noviembre, indios y cholos conjuraban una "agresión blasfema" y no dudaban en profanar los sepulcros que yacían en la iglesia Matriz y el convento San Juan de Dios para desenterrar los huesos y cadáveres de sus allegados y, según la costumbre andina de la muerte, rendirles culto (Quispe 2008). Desde su parecer ilustrado, Viedma se empeñó en atacar estos rituales mortuorios andinos que se realizaban a vista y paciencia del clero "desde tiempo inmemorial". Juzgó esta autoridad que estos rituales, bien
conocidos en los restantes curatos, no eran otra cosa que una "abusiva costumbre" que daba lugar a "escandalosos abusos" de "disturbios", "pendencias", "enemistades" y otros perjuicios a la "paz pública" y "tranquilidad del vecindario" además de causar "grave perxuicio a la salud pública" debido a los desenterramientos de huesos y calaveras "mal disecadas" (AHPC, EC, vol. 6, doc. 1, f. 3v y f. 6r).

A partir de esta agria experiencia, Viedma puso mayor empeño en la reglamentación de las fiestas religiosas en las cuales participaba "la gente plebe", la "ínfima plebe". No fue casual que la fiesta del Corpus Christi, una de las celebraciones más importantes de la Villa de Oropesa, que daba cabida a todos los grupos sociales, empezara a ser estrictamente controlada como ocurrió, en realidad, en otros distritos de Charcas (Bridikhina 2000). De este modo, en 1787 el Cabildo presidido por el gobernador intendente se propuso reformar ciertas costumbres que "deslucían" la fiesta del Corpus. Se puso en discusión así la "abusiva costumbre" impuesta por los gremios de artesanos y menestrales de "echar una derrama" para la solemnidad del Corpus y su octava.7 Si bien no se prohibió de forma abrupta esta costumbre, se inició, en cambio, una estrategia más ingeniosa para reglamentarla y aún eliminarla progresivamente aunque esta tarea fuera dejaba en manos de la Junta de Hacienda que debía resolver el asunto "en la forma que tenga por conveniente" (Soruco 1897, 31).

Las danzas y mascaradas que realizaban los indios en la fiesta de Corpus Christi, cuya participación fue obligatoria desde la administración del virrey Francisco de Toledo a fines del siglo XVI, empezaron a ser vistas como causantes de desorden, irreverencia e irrespeto al ceremonial católico y, aún, al poder real. Se insistió entonces en la reforma de los "espectáculos de danzas" que no servían, decían las autoridades del Cabildo, sino de "irrisión i fomento a la embriaguez y holgazanería" (1897, 31). Hay razones para pensar que estas disposiciones a la par que limitaban la participación indígena en dicha festividad, reforzaban del mismo modo el simbolismo que combinaba el ceremonial religioso con la obediencia política al rey y sus autoridades delegadas en América (Bridikhina 2007).

La exaltación del carácter cívico en las fiestas religiosas fue propia de las autoridades ilustradas en toda Charcas. Al igual que sus similares de otras provincias, el gobernador intendente de Cochabamba no descuidó esta faceta simbólica de reafirmación del poder regio. Buscó por todos los medios realzar el ceremonial político en aquellas fiestas religiosas que recordaban y reforzaban la lealtad al rey. De hecho, la reafirmación ritual de la presencia del poder real en Cochabamba fue reforzada por medio de ceremoniales que recordaban la autoridad del monarca. De este orden fueron "las funciones" organizadas por Viedma en 1789 para realzar la proclamación de Carlos IV. Sus gestiones para costear estas ceremonias a través de la cobranza de cuotas en los partidos de su administración y los tonos simbólico-rituales que adquirieron éstas, dicen mucho de sus pretensiones encaminadas a hacer prevalecer este tipo de festejos públicos a contrapelo de sus actuaciones en las festividades indígena-mestizas (AHMC, ECC, vol. 214, doc. 3; AHMC, vol. 215, doc. 4, f. 56v).

Entre estos ceremoniales de reforzamiento del poder regio, Viedma privilegió la presencia de las autoridades civiles a las que pretendió otorgar más atribuciones organizativas a costa de los representantes religiosos. Siendo de estos pensamientos, le disgustó que en 1787 la fiesta celebrada el 30 de agosto por los dominicos en conmemoración de Santa Rosa de Lima, "patrona del reino", haya estado regida por la "indecencia" y poco lucimiento, al margen de que el "traje i vestuario" de la imagen estuviera "tan deslucido" (Soruco 1897, 33). Si bien se optó por "exitar la devoción de la gente á fin de que con su intercesión se consiga la felicidad de ella, i la piedad i misericordia del Todo Poderoso" (1897, 33), en realidad se buscaba con estos argumentos desplazar al clero a un lugar marginal en estos ceremoniales cada Vez más encaminados a reforzar el pacto entre el monarca y sus súbditos. Así, la solución llegó en la propuesta que sugería que la fiesta fuese realizada por turno por los regidores del Cabildo quienes contarían con veinticinco pesos para solemnizar la festividad y hacer prevalecer "la moderada decencia que corresponde". En estas modificaciones los juicios de las autoridades religiosas sólo fueron requeridos para saber la conveniencia de sacar la imagen de las casas del Cabildo o del mismo convento para cuyo fin se debía pasar un oficio al Prior.

Como en los casos presentados hasta ahora, las intenciones reformistas del gobernador intendente Francisco de Viedma en el ámbito festivo-religioso siguieron siendo predominantes en años posteriores. A comienzos del siglo XIX Viedma puso sus oficios para evitar "embriagueses" y "otros delitos" (AHPC, EC, vol. 40, doc. 41) en la conocida fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes esta vez por intermedio del visitador eclesiástico Matías Terrazas a quien se quejó de las arbitrariedades de los curas mercedarios en la administración de la cofradía de la misma imagen (Quispe 2007).

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Existe un vínculo muy estrecho entre las reformas que emprendió Francisco de Viedma en el ámbito de la religiosidad indígena-mestiza y el papel que desempeñó el clero ante estas novedosas intervenciones del poder civil así como en la vigencia y continuidad de este tipo de prácticas en el seno del cristianismo. Aunque todavía no se ha estudiado la labor del clero en la difusión de la doctrina cristiana en los curatos de Cochabamba, cuando nos concentramos en el proyecto de Viedma destinado a "asuntos religiosos", estamos tentados de dar por válidos indicios que sugieren que a fines del siglo XVIII estos representantes terrenales de la Iglesia no vivían precisamente regidos a una "vida cristiana". ¿Se trata simplemente de la acusación de una autoridad civil destinada a socavar la jurisdicción religiosa e incrementar el poder (regulación y control) del Estado? ¿Hasta qué punto las acusaciones de Viedma sobre la poca moralidad cristiana del clero resultan evidentes cuando nos encontramos en un periodo de fuerte disputa entre el poder civil y religioso? No es vano, en consecuencia, empezar esta discusión tomando en cuenta las reformas previas gestadas por la propia Iglesia para "encaminar" la labor evangelizadora.

El Sínodo organizado por el arzobispo de La Plata Pedro Miguel de Argandoña Pasten en 1771, se propuso realizar la reforma de la Iglesia en lo concerniente a la evangelización apoyada en el clero parroquial secular que debía llevar a cabo la renovación cristiana de sus fieles. Uno de los temas de más debate al interior del Sínodo fue el referido a las fiestas, su obligatoriedad y aranceles. Las constituciones sinodales pretendieron resolver la vieja injusticia de las exacciones que los curas doctrineros hacían por conceptos de obvenciones y limosnas en la organización de las fiestas religiosas. No obstante, su solución fue bastante ambigua y, al fin de cuentas, terminó favoreciendo a la Iglesia aún a costa de las disposiciones borbónicas (Luque 2001, Adrián 2000).

El caso de Cochabamba acaso confirma la poca importancia que tuvieron las constituciones sinodales de 1773 en la vida evangelizadora del clero encargado de las parroquias de indios y aún de la misma capital. Si bien Viedma destaca la "educación cristiana y disciplina eclesiástica" del Arzobispado hacia los curas del distrito de su mando, a lo largo de su gobierno se quejó constantemente de la débil labor evangelizadora de los curas y a menudo acusó a éstos de regirse a una vida libertina. Fue esta autoridad quien emprendió una aguda crítica a la labor de los eclesiásticos de Cochabamba y pidió su pronta reforma.8 En su informe de 1793 elevado al virrey Nicolás de Arredondo, denunciaba el gobernador intendente los "abusos" del clero en ocasión de las festividades religiosas y la imposición de alferazgos no obstante la reforma del estado eclesiástico impulsado por el arzobispo Antonio de San Alberto:
Por las leyes de estos dominios, ordenanzas y cédulas reales se les encarga estrechamente a los curas remedien en lo posible la embriaguez de los indios, pero en lugar de ocurrir efectivamente a este mal, con la permanencia de semejante abuso, se les da motivos para autorizarle, haciéndole de imposible curación; y lo peor es, que algunos curas han llegado al extremo de embargar y vender de autoridad propia los cortos bienes del alférez, aunque estos sean una yunta de bueyes y cuatro ovejas, para hacerse pago de sus derechos, dejándoles incapaces de poder pagar el tributo, ni asistir a sus hijos, por lo que son obligados a profugar, haciéndose unos vagantes, que infestan los pueblos con sus robos y rapiñas ([1793] 1969,174).

Del mismo modo que ocurrió en otras latitudes andinas, en Cochabamba entre las múltiples transgresiones de las que fueron acusados los curas, las exacciones económicas de sus feligreses indígenas a través del costeo de fiestas religiosas se constituyeron en una de las principales causas de "corrupción" y débil labor evangelizadora hacia los indígenas. El asunto del número de fiestas que debían costear los indígenas es particularmente interesante cuando se considera que la práctica ritual-festiva fue parte decisiva en el mundo andino que, en la mayor parte de los casos, se reproducía bajo advocaciones cristianas. No fue casual entonces que las doctrinas más codiciadas por el clero fueran las comunidades indígenas debido a la gran cantidad de feligreses que podían contribuir con obvenciones y costear las numerosas fiestas, amén de otros privilegios como los pagos en especie o mano de obra (Adrián 2000).

El trabajo del clero secular y regular en la labor evangelizadora de Cochabamba, en realidad como sucedió en todo el territorio andino, no fue suficientemente intenso como para imponer de modo concluyente esquemas cristianos en las tradicionales celebraciones indígenas. En la fiesta ritual de San Andrés, por ejemplo, la institución eclesiástica, sumida al parecer en otros problemas no precisamente evangélicos, no había erradicado en absoluto las prácticas rituales indígenas desplegadas bajo la advocación del santo cristiano. Al contrario, algo alejados del Arzobispado de La Plata de cuya jurisdicción dependían, los curas de Cochabamba se habían vuelto cómplices de los rituales mortuorios andinos. La embestida contra estos ritos sobre la muerte vino no por gracia precisamente de las autoridades eclesiásticas de Cochabamba sino por el férreo mandato del gobernador intendente Viedma. Más aún, las acciones del gobernador intendente para frenar tales "escandalosos abusos" disgustaron a las autoridades eclesiásticas locales como al juez eclesiástico doctor Faustino Mendoza quien se negó a poner fin al desentierro de los cadáveres y huesos de los templos cristianos.9
Seguramente el gobernador intendente comunicó estas faltas del clero al arzobispo de La Plata Antonio de San Alberto, quien hizo la visita pastoral de los curatos de Cochabamba, como ningún otro, hacia 1790. De hecho, San Alberto, un religioso ilustrado de su época, fue el primero que penetró hasta el curato de Yani (provincia de Ayopaya) acompañado del gobernador intendente Francisco de Viedma (Gutiérrez 1865, 515). A partir de esta visita, el arzobispo pudo convencerse de la mala conducta, falta de moral y dignidad de los curas, más bien entregados a la avaricia y a las exacciones de sus feligreses.10 Es bastante sugerente que no sólo Viedma tuviera un juicio negativo de una parte del clero, sino que este parecer fuera reforzado por San Alberto con quien el gobernador intendente compartió no pocas ideas de "buen gobierno".

Años más tarde, en 1808, las noticias de los cultos mortuorios en la fiesta de San Andrés llegaron a oídos del arzobispo de La Plata Benito María Moxó y Francoli, por intermedio del propio Viedma, quien refiere, en una carta, que a poco de haber recibido el gobierno en agosto de 1784 presenció espantado esta costumbre, persiguiéndola desde entonces para suprimirla (Moreno 1997). No debió sorprender tanto al Arzobispo la existencia misma de los rituales andinos (pues, a nuestro entender, la Iglesia estaba consciente de su parcial labor de evangelización respecto a las religiones andinas) cuanto la actitud de los curas que se vieron involucrados directamente en el desarrollo de la celebración.

La crítica de Viedma, sin embargo, no se detuvo en la intervención del clero en asuntos festivos o en aquellos relacionados con los procesos de evangelización de la población indígena, sino que se extendió a denunciar irregularidades y arbitrariedades de seculares y regulares que en su visión opacaban el "celo cristiano" y, por el contrario, se constituían en graves faltas que limitaban la labor cristiana entre los feligreses. Veamos su juicio:
En los conventos religiosos que tiene esta ciudad, a excepción del de mi padre San Francisco, no se guarda clausura ni vida común. Las mujeres entran a las horas que les parece en los claustros y celdas; cada religioso come en la suya o fuera del convento, lo que puede según su manejo de medios; por lo regular algunos viven fuera de ellos y otros casi apóstatas. Desde el prelado abajo, se recogen a la hora que les parece. Aunque están obligados a auxiliar a la iglesia con su predicación y socorros espirituales a los fieles, solamente en el convento de San Francisco se predica los viernes de cuaresma, y en el de la Merced en idioma quichua de tres años a esta parte, que se ha dedicado un religioso, llamado Fray Francisco Paz de Buenavida; faltando éste, seguirá como antes. Para con los otros conventos todo el tiempo es igual. En ninguno se socorre al prójimo en el estado efe su último fin, ayudándole a bien morir; en esto hay el mayor abandono, así en los eclesiásticos seculares, como regulares. En administrándoles el cura o ayudante los últimos sacramentos, los dejan en manos de su familia o asistentes, si los tiene, y expiran sin que tengan quienes invoquen el dulcísimo nombre de Jesús ([1793] 1969,176).

Legítimo es creer tales extremos no sólo en las denuncias del gobernador intendente sino sobre todo en la insistente reforma que se intentó desde el arzobispado de La Plata, principalmente bajo los auspicios del arzobispo San Alberto, más tarde continuada bajo la dirección de Benito María Moxó y Francoli, quien inició una reforma parcial en la doctrina, moral y disciplina del clero de Cochabamba.

No cabe duda, sin embargo, que esta problemática debe ser entendida como parte del conflicto más general entre las pretensiones de concentración del poder (o la centralización del Estado) emprendidas por el gobernador intendente quien extendió su autoridad hacia ámbitos de predominancia eclesial. Se entiende así que las disputas por el control del poder no sólo se circunscribieron al campo de las fiestas públicas sino también a espacios donde el clero tenía participación y jurisdicción. Entre los muchos casos al respecto, cabe nombrar la visita que emprendió Viedma en 1788 al Partido de Arque donde se enteró que los curas y sus tenientes cometían "abusos, daños y extorsiones" a los indígenas "recargándolos de penciones y diferentes especies de servicio personal" (AHMC, ECC, vol. 206, doc. 12, ff. 219r-219v). Más tarde, en 1794, en este mismo Partido, encontró un aliado en el cacique del pueblo de Tapacarí, Matías Quispe, que se quejó de las "extorciones que padecen aquellos Yndios" causadas por los cobradores de diezmos y primicias que beneficiaban al clero. Su intento de regulación causó "ruidosos efectos"11 e hizo cada vez más tensa la relación entre Viedma y los curas de Cochabamba quienes algunas veces contaron con el respaldo de la Audiencia de La Plata que, como en este caso, no dio la razón a Viedma y restituyó el método antiguo de cobrar diezmos y veintenas.

Otro ejemplo de la clara intervención de Viedma en asuntos antes considerados privativos de las autoridades religiosas, sucedió en el ámbito de las cofradías. A comienzos del siglo XIX la administración de la cofradía de Nuestra Señora de las Mercedes, cuya amplia devoción le aseguraba una cantidad de fieles, fue traspasada a manos de los religiosos del convento de la Merced en forma irregular (Quispe 2007). Aunque el pedido de un informe sobre el origen, economía y administración provino de la Real Audiencia con sede en La Plata, fue el gobernador intendente quien tomó a su cargo este asunto, tarea para la cual inició varias diligencias a veces más allá de sus atribuciones. Obligó, de este modo, en 1803 a fray Manuel Pareja, a la sazón mayordomo de la cofradía y comendador del convento de la Merced, a hacer público el libro de la cofradía, a la vez que encargó al escribano real Francisco Ángel Astete a presentar un informe en base a este documento. Quizá lo que sospechaba Viedma fue que los mercedarios habían despojado de la mayordomía a los seculares con el objeto de administrar el apreciable monto de limosnas que ofrecían los feligreses y los réditos de los censos impuestos en algunas propiedades a favor de la imagen (AHPC, EC, vol. 36, doc. 2). Aunque desconocemos el veredicto final respecto a la disputa por la administración de la cofradía, lo que cabe recalcar aquí es la intervención del gobernador intendente en asuntos antes hegemónicamente eclesiásticos.

Es de suponer que la persistente labor reformista de Francisco de Viedma en arenas religioso-festivas aumentó el descontento del clero que venía siendo afectado en sus privilegios a partir del reformismo borbónico.12 Gruzinski (1985), para el caso de México de fines del siglo XVIII, ha argumentado que la jerarquía eclesiástica vio desconfiada la intromisión de la autoridad civil en materias que consideraba de su competencia como fue el asunto de las cofradías indígenas. Como en este caso, las reformas de Viedma causaron no pocos desaires entre el clero que tenía intereses en Cochabamba.

En 1790 Viedma sostuvo un altercado con el Obispo de La Paz relacionado al nombramiento de sacerdotes (Lynch 1967). Hacia 1797 cuando Viedma publicó las ordenanzas del Duque de la Palata de 1684 que eximían a los indios de la contribución de derechos parroquiales y las destinadas a celebrar las fiestas, los curas de Cochabamba reaccionaron incómodos reclamando y argumentando ante Viedma que era necesario no dar lugar a tales excepciones ya que tendrían escasas rentas y el culto festivo a Dios sería insignificante. Ante la respuesta relativamente satisfactoria que recibieron del gobernador intendente por tratarse de "motivos especiales" aprobados por el anterior arzobispo, dicho tropiezo no tuvo mayores inconvenientes. Sin embargo, la actitud de Viedma nuevamente se tornó ambivalente pues aunque estaba en contra de los alferazgos, en esta oportunidad aprobó temporalmente (hasta recibir la respuesta del virrey) la existencia de éstos con tal de que no pasaran ciertos montos económicos establecidos por el arancel (AHPC, EC, vol. 27, doc. 26).

¿Cuál fue la respuesta de Viedma frente a todas estas arbitrariedades? Aunque Viedma emprendió una clara labor administrativa que buscó limitar el control eclesiástico en "asuntos religiosos", su apuesta final no parece descansar en una regulación absoluta del Estado. Al contrario, cuando esta autoridad reflexiona sobre los "abusos" del clero de su jurisdicción, no encuentra otra salida que sugerir la creación de un nuevo obispado que imponga "disciplina eclesiástica" y limite los excesos de los curas. Su propuesta, en este sentido, no dejaba de ser novedosa pues consideraba que "la religión cristiana florecería sin los escandalosos excesos que se notan, mayormente si las religiones se sujetasen a los ordinarios en estas Américas, con total independencia de su general, suprimiendo los provinciales, y dejando en libertad a los religiosos, para que elijan prelados en sus respectivos conventos a su satisfacción" ([1793] 1969,177). Las propiedades de un "cristianismo ilustrado" acaso se expresaban en este tipo de ideas que debieron incomodar a más de una autoridad religiosa. En el fondo, no obstante, siguen latentes sus intenciones de extender el poder del Estado a espacios donde la Iglesia, o sus representantes, tenía predominancia antes del reformismo borbónico.

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A partir de la aplicación de las reformas borbónicas en Cochabamba la búsqueda de una ruptura, o al menos un distanciamiento, con el pasado inmediato se tradujo en la puesta en marcha de medidas administrativas de control de las prácticas culturales del espacio festivo y religioso. Como en el México estudiado por Gruzinski (1985), los actos desplegados por el gobernador intendente Francisco de Viedma en Cochabamba formaron parte de una política más amplia donde prevalecía la voluntad de controlar y moralizar los comportamientos culturales. Si bien autoridades eclesiásticas como el arzobispo ilustrado San Alberto tomaron parte en la reforma moral de los feligreses y el clero llano, fue la personalidad ilustrada de Viedma que articuló desde su cargo administrativo esta empresa renovadora del orden social y cultural. Se puede afirmar que el proyecto ilustrado de Viedma pretendió, con muchas adversidades, hacer de los indios y cholos de la región vasallos útiles y hombres cristianos que sintieran lealtad y respeto igual por el rey y la fe católica. Su objeto, en este sentido, se encaminó a denunciar los abusos del clero contra los fieles a la vez que utilizó tales denuncias para limitar el rol de los clérigos al ámbito espiritual.
Se trató, con todas sus deficiencias y consecuencias, de un proyecto que reafirmó el control del Estado sobre los comportamientos y creencias, a la par que ocurría el debilitamiento de la Iglesia americana a causa de su progresivo sometimiento a la política centralista de la Corona española. Con todo, las tareas encaminadas a la reforma de la provincia de la jurisdicción de Viedma, no fueron del todo bien recibidas y a menudo fueron fuente de pugnas y tensiones entre las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas locales. Lo nuevo y lo viejo no terminaron de cuajar en una sociedad que abría resquicios para la formación de una "cultura popular" (Larson 2000) que, dicho sea de paso, fue incómoda para el programa ilustrado del gobernador intendente.

No obstante, en el fondo, este proyecto reformista basado en ideales de la ilustración fue también una búsqueda de la "paz pública", de la salubridad de la Villa, de la voluntad cristiana de los indios, a la par que la defensa de los pilares morales (nuevos) del cristianismo. Aquí se puede sugerir que el proyecto ilustrado de Viedma no se arraigó exclusivamente en arenas de la razón, como generalmente se concluye al hablar de personajes ilustrados del siglo XVIII, sino que tuvo sus motivaciones en la fe cristiana aunque, cabe aclarar, ésta fue más bien interpretada desde una perspectiva racionalista casi afín a la del arzobispo de La Plata Antonio de San Alberto, otro ilustrado que predicaba una teología relativamente novedosa en los límites de su época.
Aún en esas condiciones, no podemos decir de forma concluyente que el proyecto ilustrado de Francisco de Viedma en relación al ámbito religioso fuera del todo "exitoso" a mediano y largo plazo. Aunque no hemos podido examinar, por ejemplo, las reacciones de los indígenas ante las prohibiciones dictadas por Viedma, sí podemos adelantar que las descripciones que dejaron viajeros (como Juan H. Scrivener) que visitaron Cochabamba a lo largo del siglo XIX dan cuenta de un mundo festivo-religioso notoriamente denso donde muchas prácticas indígenas prohibidas por Viedma volvieron a la escena pública.13 A fines del siglo XIX un nuevo ciclo de control del espacio urbano y las prácticas culturales recaerá en manos de las élites locales a casi un siglo de las reformas del marino español.

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